Gubidxa Guerrero
A los muertos de Juárez,
olvidados de siempre por la Historia
Hoy que tanto se habla de Derecho en nuestro país y de observar el cumplimiento de las leyes como un deber sagrado, comparto algunas reflexiones. Éstas nacieron mientras escuchaba las historias de represión en Juchitán por parte de los diferentes gobiernos del Estado de Oaxaca y del país. Los gobernantes en turno esgrimían la aplicación de las leyes como motivo principal para traer al ejército.
Soy binnizá, y mis ancestros fueron muertos en las diferentes rebeliones; había pues, una simpatía de antemano con las causas de mi pueblo. Pero, ¿cómo contraponer las razones de Juchitán a las del gobierno, si “la Ley” estaba a su favor? Recordé entonces que, según un ilustre abogado oaxaqueño: “El respeto al Derecho ajeno es la paz”. Con razón tuvimos guerra..., me dije; porque defendimos con las armas en la mano nuestros derechos ancestrales, venidos de siglos antes de la fundación de los Estados Unidos Mexicanos. El “Benemérito” hablaba de Derecho Positivo cuando exigía respetar la Soberanía de las Naciones, pero su frase es también aplicable a los derechos inherentes de los pueblos, aunque no estén formalmente reconocidos.
Cuando Guidxiguié’ fue incendiado por la Guardia Nacional enviada por el entonces Gobernador don Benito Juárez, él se justificó con la ley en la mano que decía ―claro, ellos las escribían― que las salinas del Istmo pertenecían a Javier Echeverría. No importó para el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que las autoridades legítimas de Juchitán dijeran en carta en 1849:
“prometemos que no se dará lugar de ejecutarse esa infamia y tiranía en lo sucesivo [el que se decía dueño estaba dañando las salinas para que los zapotecas no la usufructuaran] porque nos reconocemos con un derecho de naturaleza, como legítimos dueños, para aprovecharnos de ese fruto [la sal], pues el Ser Supremo quiso ponerlo en nuestro suelo, en nuestra costa (bendito sea Dios) y no como se dice que la estamos robando; producción ofensiva y vilipendiosa, pues el que coge y disfruta lo que es suyo no lo hurta”.
En la memoria oral y en el Derecho Consuetudinario basaban mis paisanos la posesión de sus terrenos. Juárez en cambio basaba su poder y su cargo de Gobernador en un sistema de gobierno ajeno, en el que una ínfima parte de la población tomaba parte (fue elegido Gobernador interino en 1847 por una diputación nebulosa en la que cada “representante” se había nombrado casi a sí mismo). Su poder no descansaba, pues, sobre una fuerza legitimadora real. ¿Con qué derecho, entonces, estas personas imponían su opinión y legitimaban ventas de bienes ajenos cuando ni el origen de sus cargos estaba claro? Las salinas fueron la principal causa de que los zapotecas del sur del Istmo se rebelaran acaudillados por José Gregorio Meléndez, Che Gorio Melendre. Y para saber a qué grado llegó la represión efectuada por el gobierno del Estado, baste con leer este fragmento de El Universal, diario de circulación nacional, que el 6 de junio de 1850 decía en su primera plana:
“¿Por qué se perdonó á los díscolos de Puebla, y no sólo no se perdonó, sino se quemó vivos a los viejos, a los niños y a las mujeres de Juchitán? […] Hay motivos para creer que no fue el jefe de los sublevados el autor de aquella sangrienta escena, sino la inclemencia de un gobierno, que no sabemos por qué misterioso rigor, sacrificó á mil inocentes, que estaban mezclados con los culpables”.
Por supuesto que los defensores de la “legalidad pura” dieron la razón a don Benito. Quién se imaginaría que años después aquel mismo personaje hablaría del respeto al Derecho de los Pueblos.
Mi comentario se dirige a la legitimidad de las leyes. ¿Por qué obedecer reglas impuestas? ¿En qué estamos fundando el Derecho? Como se ve, ha cambiado ya el enfoque; de ver a la ley como algo sagrado, a verla como motivo de rebelión. Si un pueblo crea normas, es sano que las cumpla; pero si a un pueblo le han impuesto obligaciones y derechos, es sano también que reclame la desobediencia a esos preceptos. Juárez pidió el respeto al derecho ajeno, pero jamás consideró que los binnizá del Istmo tuviéramos un derecho propio. Juzgó con las leyes que los criollos habían proclamado y que atentaban contra las prerrogativas que hasta el Rey de España había reconocido. ¿Cómo es posible que los conquistadores españoles hubieran admitido gran parte de la manera de legislar de los pueblos originarios de lo que hoy es México, y que, con la Independencia, se pretendiera homogeneizar la lengua, las leyes, y todo el universo de aspectos sociales? Los Liberales nunca reconocieron el mandato de Maximiliano de Habsburgo por descansar en la imposición de una potencia extranjera; sin embargo, el ahínco con que obligaron a los pueblos indígenas, que desde siglos atrás vivían bajo su propia reglamentación, a regirse bajo leyes escritas, impuestas, y ajenas a su problemática, fue brutal. A replantearnos la legitimidad de cada norma invito; desde la perspectiva de comunidad.
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Texto publicado en Guidxizá, una mirada a nuestros pueblos ―Año II, N° 86, Dom 30/Mar/2014―, suplemento cultural del Comité Melendre en EL SUR, diario independiente del Istmo. Se autoriza su reproducción siempre que sea citada la fuente. Originalmente se publicó en la Istmo Autónomo número 8 (hoy Revista Guidxizá) Ene-Mar 2006.